¿Qué son?

Los juicios políticos en Ecuador han sido una herramienta utilizada para el control y la destitución de funcionarios públicos que han sido acusados de cometer actos contrarios a la función pública o de violar los principios constitucionales y éticos en el ejercicio de sus cargos. Estos juicios políticos han sido un mecanismo de control y equilibrio en la democracia ecuatoriana, permitiendo la rendición de cuentas y la responsabilidad de los altos funcionarios, aunque no se puede generalizar. Para entender mejor los juicios políticos en Ecuador, es importante mencionar algunos ejemplos previos que han marcado la historia del país. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 2004, cuando se llevó a cabo el juicio político al expresidente Lucio Gutiérrez. Quien fue acusado de violar la Constitución, abuso de poder y mala gestión del país. Como resultado, fue destituido de su cargo y reemplazado por su vicepresidente, Alfredo Palacio. 

Otro caso importante tuvo lugar en 2015, cuando se llevó a cabo el juicio político al vicepresidente Jorge Glas. Quien fue acusado de corrupción y asociación ilícita en el caso de la constructora brasileña Odebrecht. Como resultado de este juicio político, Glas fue destituido de su cargo y posteriormente fue condenado y encarcelado por los delitos mencionados. 

En la actualidad, el proceso constitucional para anular los juicios políticos en Ecuador se encuentra establecido en la Constitución de la República del Ecuador de 2008. Según el artículo 129 de la Constitución, los juicios políticos pueden ser solicitados por cualquier ciudadano o ciudadana, siempre y cuando presenten pruebas suficientes que respalden las acusaciones en contra del funcionario público. Una vez presentada la solicitud de juicio político, la Asamblea Nacional tiene la facultad de analizar dicha solicitud y determinar si existen elementos suficientes para iniciar un juicio político. En caso de ser así, se conforma una comisión especializada encargada de la investigación y, posteriormente, se convoca a una sesión plenaria para que los asambleístas voten sobre la destitución del funcionario acusado. 

Es importante mencionar que el proceso de juicio político está sujeto a una serie de garantías procesales, como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y la presentación de pruebas. Además, la destitución de un funcionario público a través de un juicio político debe contar con el voto favorable de las dos terceras partes de los asambleístas presentes en la sesión plenaria. En conclusión, los juicios políticos en Ecuador son una herramienta que permite el control y la destitución de funcionarios públicos que han cometido actos contrarios a la función pública. Ejemplos previos, como los casos de Lucio Gutiérrez y Jorge Glas, han demostrado la efectividad de este mecanismo de rendición de cuentas. El proceso constitucional establece una serie de etapas y garantías para asegurar un juicio justo y equitativo.